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Foto del escritorSergi Raventós

La Renta Básica, una alternativa inevitable a las políticas fallidas contra la pobreza

Actualizado: 4 ago 2022

Garantizar unos ingresos a todos, sin condiciones y en tiempo de incertidumbre económica ya es una cuestión de emergencia en todo el planeta.

25 febrero 2021 08:53

Las políticas tradicionales para hacer frente a la pobreza hace años que han mostrado sus insuficiencias y limitaciones. Los datos en los diferentes informes y estudios nos muestran desde hace tiempo que son políticas fallidas en muchos aspectos. Es hora de avanzar y poner en marcha opciones de carácter transformador como la Renta Básica y garantizar unos ingresos para toda la ciudadanía, en un mundo lleno de incertidumbres y donde la inseguridad económica de buena parte de la población va en aumento.


Una vez finalizadas las elecciones del 14 de febrero, tal vez es bueno volver a aterrizar y recordar cuál es la dura realidad social, económica y sanitaria que nos está dejando la pandemia de la Covid19. Para hacer esto, he creído oportuno acompañarme de informes y documentos que en muchas ocasiones pasan desapercibidos y más en los períodos electorales. Creo que es un buen momento volver a recuperarlos y sería deseable que se tomaran en serio tanto los datos que se exponen, como las recomendaciones que se hacen.


Empezamos con un documento de diciembre de 2020 de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) llamado «Una sociedad entre crisis», en el que se hace un exhaustivo análisis de los diversos indicadores sociales en Cataluña que puede dejar helado a cualquier persona que esté una poco despistada de la realidad social. Dicho texto nos dice que un 20% de la población catalana es pobre, que han aumentado un 30% las familias en situación de pobreza severa y casi una cuarta parte de la población catalana está en riesgo de pobreza o exclusión. También se expone en este trabajo que un 12,1% de las personas que trabajan son pobres, a pesar de tener un salario.


En relación a la salud en tiempos de pandemia, el porcentaje de percepción de mala salud se duplica entre las personas con trabajos no cualificados respecto al segmento con ocupaciones superiores (21% vs 10,4% entre los directores, gerentes y profesionales universitarios) y en cuanto a la salud mental también se detecta un aumento de malestar psicológico, un aumento de las patologías mentales (un 31% de las mujeres de más de 65 años padecen depresión y un 11,5% sufren depresión mayor) a la vez que agravan las que ya existían y que el sistema ya de por sí deficitario no puede atender, con lo cual se acentúan aún más las desigualdades en salud.


En cuanto a la problemática de la vivienda, en nuestras sociedades se estima que las que viven de alquiler triplican el riesgo de pobreza un 35,5% respecto a las que viven en vivienda de propiedad, seguramente por tratarse de hogares ocupados por familias con menor poder adquisitivo y con trabajos temporales o poco remunerados. Hay que recordar que el paro es mucho más elevado entre la juventud, con una tasa que duplica los datos globales: más de un 35,6% en Cataluña de paro juvenil (de 16 a 25 años) según el Instituto Nacional de Estadística.


Para hacer frente a esta brutal realidad de pobreza en nuestro país y que hace años que arrastramos, una de las medidas que existe en Catalunya desde el 2017 es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) una prestación social económica y de percepción periódica otorgada por la Generalitat de Catalunya que tiene el objetivo de asegurar «los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, a fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad».

La RGC, a tres años desde su aprobación, sigue siendo una prestación desconocida por el 60% de los hogares atendidos por Cáritas de Barcelona y que hay que sumar a las 23,4% que no tienen derecho por los requisitos y al 3,5% que no sabe cómo pedirla por la complicada trama burocrática existente, según un informe reciente de esta entidad de enero de 2021 y se calcula que sólo la han pedido menos de un 10% de las personas que tienen derecho. ¿A que sería debido este fracaso? Según la gente que trabaja sobre el terreno ayudando a las personas a tramitar esta prestación, enumeran los siguientes motivos: unos criterios rígidos de acceso, requisitos demasiado restrictivos, una excesiva burocracia y un desconocimiento de cómo acceder a pedirlo…En definitiva, los viejos problemas ya conocidos y recurrentes de las prestaciones condicionadas.


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